Muchas veces tener una mascota implica más que darle de comer, bañarlo, llevarlo a sus consultas y procurar su bienestar. También significa que hay que hacerse responsables de los daños o perjuicios que la mascota pudiera causar a otras personas, directa o indirectamente.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato ha emitido una sentencia inédita al imponer una multa a un hombre debido a los constantes ladridos de su perro, un Husky Siberiano, que afectaban el bienestar de un menor de edad. La decisión se tomó luego de que los padres del niño argumentaran que el ruido provocaba insomnio, bajo rendimiento escolar y alteraciones en su estado emocional.

El caso tuvo su origen en 2023, cuando una familia vecina del dueño del perro presentó una demanda en la que aseguraban que los ladridos incesantes del animal perturbaban la tranquilidad de su hogar. En particular, destacaron que su hijo, de tres años en ese momento, sufría problemas para dormir y afectaciones en su desarrollo debido al ruido constante.

Proceso judicial y resolución del tribunal

Inicialmente, el caso fue llevado ante un juez de primera instancia, quien falló a favor del dueño del perro, determinando que no había suficientes pruebas para comprobar el daño moral alegado por la familia afectada. Sin embargo, los padres del menor apelaron la decisión y el caso fue revisado por la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato.

Tras analizar las pruebas presentadas, incluidos dictámenes periciales en psicología, el tribunal concluyó que los ladridos del perro sí causaban un impacto negativo en la salud emocional del menor. Aunque no se realizó una medición de decibeles para evaluar la intensidad del ruido, los peritajes indicaban que el niño presentaba síntomas de ansiedad y estrés derivados de la exposición constante a los ladridos.

El tribunal determinó que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente estas pruebas y resolvió que el dueño del perro debía reparar el daño moral causado al menor. Como resultado, se impuso una multa cuyo monto no ha sido revelado hasta el momento.

Implicaciones del fallo y reacciones

Este fallo podría sentar un precedente importante en México, ya que el problema de los ruidos molestos ocasionados por mascotas es una queja recurrente en zonas urbanas. En muchos edificios y conjuntos residenciales, los ladridos constantes generan conflictos entre vecinos, pero pocas veces estos casos llegan a instancias judiciales.

Expertos en derecho civil señalan que esta resolución refuerza la responsabilidad de los dueños de mascotas para garantizar que sus animales no afecten la calidad de vida de otras personas. "Si bien las mascotas son parte fundamental de muchas familias, su cuidado también implica obligaciones, especialmente cuando interfieren con el bienestar de terceros", explicó un abogado especializado en conflictos vecinales.

Por otro lado, organizaciones defensoras de los derechos de los animales han señalado que si bien es importante regular la convivencia entre vecinos, también es fundamental fomentar la tenencia responsable y promover soluciones alternativas antes de recurrir a sanciones.

Casos similares en otras partes del mundo

Situaciones similares se han presentado en otros países. En España, por ejemplo, un hombre fue multado con una suma considerable debido a los ladridos nocturnos de su perro, que superaban los 90 decibeles permitidos por la normativa local. En este caso, la denuncia fue respaldada por mediciones precisas del ruido.

En México, aunque no existen leyes específicas que regulen los ladridos de los perros, el Código Civil contempla el concepto de daño moral, que fue la base para la resolución de este caso en Guanajuato.

La resolución del tribunal guanajuatense pone sobre la mesa la necesidad de una convivencia armónica en espacios compartidos y abre el debate sobre la responsabilidad de los propietarios de mascotas. Con este fallo, se establece un antecedente que podría influir en futuras disputas vecinales relacionadas con el ruido excesivo, sentando un ejemplo de cómo el derecho puede intervenir en la regulación de este tipo de conflictos urbanos.

 

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