Magistrados de la Primera Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, con sede en Cuautla, justificaron con una serie de argumentos su reciente resolución que puso en libertad a dos personas acusadas de un triple homicidio.
El magistrado Manuel Díaz Carvajal, acompañado de los magistrados Rolfi González Rodríguez, Cecilia Verónica López González, entre otros colaboradores de dicha Sala, expuso que la decisión fue tomada debido a la insuficiencia de pruebas en el caso y se llevó a cabo en estricto apego al marco legal.
Díaz Carvajal destacó que la Primera Sala actuó con imparcialidad y conforme a los principios del sistema de justicia penal acusatorio. En su declaración, recalcó que no existían elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los acusados, ya que las pruebas presentadas por la Fiscalía no cumplían con los estándares requeridos.
El caso, que involucraba un recurso de apelación contra una sentencia condenatoria fue resuelto de manera unánime el pasado 6 de diciembre. Y de manera atípica, porque no es la costumbre que los magistrados convoquen a los medios de comunicación para dar explicaciones.
Entre los argumentos que expuso, justificó que la Fiscalía solo presentó como pruebas tres testimonios de elementos policiacos. Uno de ellos se basó en declaraciones de un supuesto testigo presencial, quien nunca compareció en el juicio.
El magistrado Díaz Carvajal expresó que la resolución del recurso de apelación no fue apresurada, ya que transcurrieron cuatro meses desde su recepción hasta la emisión de la sentencia. También precisó que no se celebró una audiencia porque ninguna de las partes lo solicitó, en conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La resolución de liberación de los acusados ha generado controversia, incluso la Gobernadora del estado, Margarita González Saravia, exhortó de manera respetuosa una investigación a dichos magistrados.
Los juristas se declararon abiertos al escrutinio público y a la revisión de su resolución por tribunales superiores. Además, aseguraron que hasta el 16 de diciembre no se les había notificado ninguna investigación por alguna fiscalía.