CUERNAVACA, MORELOS .- Ayer, el gobierno en turno de la capital entregó en el Congreso una solicitud de juicio político contra el ex alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, actualmente preso en Atlacholoaya, por daño al erario del Ayuntamiento durante su administración por 430 mdp.
La solicitud la presentó la consejera jurídica del Ayuntamiento, Nadia Luz Lara Chávez, quien explicó que lo que se busca con el procedimiento político es que el ex edil sea inhabilitado para ejercer cargo público y repare el daño económico que causó a la hacienda municipal.
Recordó que Villalobos Adán está recluido en el Cereso por una situación totalmente distinta a la que se le está imputando ante el Congreso, por lo que con esto, Villalobos Adán, acumula procedimientos legales en su contra por la presunta malversación de fondos públicos a través de diversas vías.
La funcionaria puntualizó que el juicio político que se solicita para el ex presidente municipal en el Congreso va de la mano con las 32 denuncias penales que el Ayuntamiento también presentó en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción y que están avanzando en su integración.
De igual forma, dijo que otro señalamiento legal contra Villalobos, alías “El Lobito”, es sobre la disposición irregular que hizo de recursos que correspondían a la actual administración, por diferentes conceptos recaudados con anticipación, entre ellos el impuesto predial.
También se le acusa de la omisión del análisis y revisión de las actividades que debían llevarse a cabo en el Panteón de la Paz, y se le reclama también haber lesionado los derechos humanos y laborales de más de 400 trabajadores que fueron despedidos, supuestamente para ahorrar 50 mdp, “al contrario, hubo una gran merma en las finanzas, porque no solo se generaron más de 200 demandas que tienen una proyección de 60 mdp en adeudo”.
Nadia Luz puntualizó que lo que persigue con la solicitud de juicio político es que Antonio Villalobos tenga una triple sanción por su presunta responsabilidad en el daño al Ayuntamiento: penal, civil y política, que le impida ocupar cargos públicos en un futuro y resarza el daño económico estimado en 430 mdp.
Las causales son daño al erario y perjuicio por desatención de las obligaciones propias de la presidencia.
Por: ANTONIETA SÁNCHEZ / antonieta.sanchez@diariodemorelos.com